Las carreras clandestinas de galgos siguen burlando la ley en Argentina
A casi una década de la sanción de la Ley 27.330 que prohibió las competencias en todo el país, el negocio ilegal resiste en la marginalidad rural a fuerza de apuestas masivas, maltrato animal y complicidades.
Por: el Observador
En noviembre de 2016, Argentina marcó un hito en la región al sancionar la Ley 27.330. La norma fue tajante: prohibición total de las carreras de perros de cualquier raza en todo el territorio nacional, con penas de hasta cuatro años de prisión para organizadores y promotores. El activismo civil festejó lo que parecía el fin de una era de explotación. Sin embargo, diez años después, el rugido de los motores que impulsan la liebre artificial y los gritos de los apostadores no se han apagado del todo; se mudaron a la clandestinidad de las sombras rurales.
Hoy, las “carreras de galgos” sobreviven como un secreto a voces en campos alejados, zonas limítrofes y pequeños canódromos improvisados de diversas provincias. El modus operandi mutó para evadir los controles policiales: convocatorias cerradas mediante grupos de mensajería encriptada, locaciones que cambian a último momento y alertas tempranas ante la llegada de patrullas.
Detrás de la supuesta “pasión burrera” que defienden sus adeptos, el trasfondo sigue siendo el mismo: un millonario negocio ilegal de apuestas en efectivo que evade impuestos y se nutre del sufrimiento animal. Para que un galgo rinda al máximo en la pista clandestina, el mercado negro de sustancias químicas sigue activo. Anabólicos, estimulantes cardiorrespiratorios y cócteles de drogas peligrosas son administrados a los animales, reduciendo drásticamente su expectativa de vida. Cuando ya no sirven para correr o reproducirse, el destino de la mayoría sigue siendo el abandono o el descarte violento.
Las organizaciones rescatistas, como Proyecto Galgo Argentina, continúan siendo la primera línea de defensa, exponiendo las redes de captación y rehabilitando a los animales que logran salir con vida de ese infierno. Pero el esfuerzo civil no alcanza. Mientras las fiscalías locales y las fuerzas de seguridad traten estas actividades como contravenciones menores y no como los delitos federales que representan, la impunidad seguirá corriendo libre.
La ley existe y fue un paso ejemplar, pero las leyes no se militan solo hasta el Boletín Oficial; se defienden con control, allanamientos y condenas firmes. El fin de la tracción a sangre y del sufrimiento de los galgos no llegará por desuso, sino cuando el Estado decida clausurar definitivamente cada canódromo oculto en la llanura argentina. La ley no puede seguir perdiendo la carrera contra la clandestinidad.
