La anteúltima semana de agosto se celebró a nivel global la llamada “semana del agua”. Promovida desde 2015 por el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (Stockholm International Water Institute), con la participación de cientos de expertos, funcionarios, empresarios y miembros de las ONG.

Replicada por todos los organismos internacionales y regionales, la convocatoria oficial se hizo bajo la consigna “semillas de cambio: soluciones innovadoras para un mundo con conciencia hídrica”. Más allá del título esperanzador, la preocupación de las instituciones y elites globales no podía estar más justificada. Como lo admitió el propio Secretario General de Naciones Unidas recientemente, hemos entrado en la “era del hervor global” (Seoane, 2023b)

Vivimos la aceleración del cambio climático, con el mes de julio más cálido desde que se tienen registros, que conllevará, muy posiblemente, alcanzar un nuevo récord anual en la elevación de la temperatura del planeta en 2023. Allí está la ola de calor que golpea el hemisferio norte, con un reguero de incendios que, como cinturón de fuego, cruza el globo, paralelo a la línea del ecuador, de punta a punta. Esa es la realidad climática de Sudamérica experimentando uno de los inviernos más calientes de su historia, llegando en ciertas regiones a marcas que hacen empalidecer a la primavera y auguran un verano más tórrido y abrasador del pasado ya signado por sucesivas olas de calor bajo el efecto prolongado del fenómeno de La Niña. Presente que plantea hacia adelante un escenario más que preocupante bajo los estimados efectos del despliegue de un “Super Niño” en el contexto del agravamiento de la crisis climática (Seoane, 2023a). 

En este contexto, tanto por su dimensión como por sus consecuencias sobre la vida humana y no humana en el planeta, el deterioro de las fuentes de agua, particularmente del agua dulce y/o potable, constituye la dimensión más dramática de este cambio climático en curso. No se trata de un futuro posible, sino de un proceso que está ocurriendo ahora mismo, acentuado además por un modelo de apropiación y explotación de bienes naturales que llamamos “extractivismo” y que sobreutiliza y contamina volúmenes crecientes de recursos hídricos bajo la lógica del saqueo; es decir, en beneficio de un sector reducido de empresas y productores y, en la mayoría de los casos, para su comercio y consumo fuera de las regiones donde se realiza tal despojo y orientado a sostener un “modo de vida imperial” (Brand y Wissen, 2021).

Numerosas son las evidencias de esta crisis hídrica que hoy afrontamos; crisis hidrológica deberíamos decir, para dar cuenta de su raíz social no natural; o más específicamente la transformación capitalista neoliberal de un bien abundante, reproducido en ese ciclo del agua que fue natural durante millones de años, en escaso. Hemos conocido en las semanas pasadas la problemática de la falta de agua dulce que abastecía a la región metropolitana de Montevideo y alrededores y que llevó a utilizar fuentes salobres, transformando el agua de grifo en imbebible; una situación más aguda de lo ya vivido en San Pablo (Brasil) y El Cabo (Sudáfrica) en los años pasados y que amenaza repetirse en esas y otras urbes del Sur del mundo. Conocemos también los efectos socioeconómicos de la falta de lluvias y los calores intensos en la producción agrícola siguiendo la experiencia reciente de la Argentina que perdió casi la mitad de sus cosechas y un tercio de sus exportaciones, agravando la crítica situación de endeudamiento externo y presiones  devaluatorias. También Centroamérica ha sido afectada por las sequías y, en particular, la falta de lluvias ha situado en un punto crítico el nivel del agua en el Canal de Panamá. Hoy se avista alrededor de su entrada casi un centenar de buques esperando, por la reducción obligada en su cruce debido a la escasez de agua; un verdadero atascamiento marítimo que da cuenta también del impacto económico global de la crisis que vivimos. También lagos y ríos se han visto afectados por esta situación; entre ellos, el lago Titicaca –centro socioeconómico y religioso del imperio incaico y hoy de la vida en el altiplano- registra actualmente una disminución histórica en el marco de la sequía que viene sufriendo la región. Similares consecuencias afectan hoy al Lago Ness –el del afamado monstruo-, al Mar Caspio, y a la mitad de los lagos del mundo. Y también, en estos últimos meses, se ha alertado por la baja del caudal del río Rin en Alemania o sobre el avance de los procesos de desertificación en España o en regiones del África, solo muestras de la proyección global de estos fenómenos.

Pero, como señalamos, la responsabilidad de esta crisis no sólo corresponde al cambio climático –y su impulsor, el capitalismo fósil- sino también al extractivismo, incluido el llamado “extractivismo verde”, que avanza sobreconsumiendo y contaminando el agua. Allí están, entre otros, los proyectos megamineros presentes y los futuros que se anuncian como pretendida solución al subdesarrollo o, más modestamente, a la falta de divisas. Por ejemplo, con el avance del Proyecto José María de explotación de cobre, oro y plata localizado en el extremo noroeste de la provincia argentina de San Juan, afectada en los últimos años por una intensa crisis hídrica. Y también están allí las resistencias, de tantas poblaciones que se levantan contra este despojo y destrucción de las condiciones de vida. Son esos cuestionamientos los que impugnan hoy, por ejemplo, al proyecto Tambor en el departamento de Tacuarembó (Uruguay) que avanza en la producción de hidrógeno “verde” para exportar a Europa en base a la apropiación de abundantes recursos hídricos, particularmente de las aguas subterráneas de los acuíferos Arapey y Guaraní, este último compartido por Uruguay con Brasil, Paraguay y Argentina.

Asimismo, las olas de calor invernales están provocando el deshielo y evaporación de nieves y glaciares, comprometiendo el aprovisionamiento de agua dulce en el periodo seco de los próximos meses de primavera y verano. Por otra parte, la Antártida registra los niveles de hielo más bajos para esta época del año desde que comenzaron los registros hace casi medio siglo atrás.

Pero el agua no sólo desaparece, sino que también hierve. La elevación de la temperatura no solo afecta a los continentes sino también a los océanos y mares. Un incremento sostenido que viene siendo consignado en los últimos años y que durante los meses recientes ha alcanzado récords históricos, superando en agosto el máximo registrado para estas fechas en 2016, año en el que El Niño estaba en su momento más álgido. El calentamiento de mares y océanos tiene y puede tener consecuencias gravísimas sobre los ecosistemas y las corrientes oceánicas. Sobre ello, científicos vienen alertando respecto de la ralentización e inestabilidad de la Circulación de Vuelco Meridional del Atlántico (AMOC, por sus siglas en inglés) corriente oceánica que, de cierto modo, regula la temperatura global y sirve a preservar la vida en el planeta.

El agua hierve y desaparece sobre la tierra; pero, en este enloquecimiento del clima producido por el Capitaloceno, regresa furiosamente en formidables tormentas, diluvios, huracanes e inundaciones. Allí se cuentan las terribles lluvias e inundaciones recientes en el este y oeste de los EE.UU., en la India, en la propia China, en el sur de Sudamérica. 

Frente a estos diferentes procesos, la convocatoria institucional reciente a la “semana global del agua” -recuperando los compromisos asumidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de marzo de este año, la primera de este tipo desde 1977- reconoce que “la mayoría de nuestros sistemas actuales se basan en el supuesto de que siempre habrá un suministro fiable de agua, pero eso ya no será así” y que, en ese sentido, afrontamos “una crisis mundial del agua en la que por primera vez hemos traspasado el límite planetario de seguridad para el agua…[una] metacrisis de riesgos crecientes” que requiere “innovación y replanteamiento de la forma en que utilizamos, valoramos y gestionamos el agua” (Water World Week, 2023, la traducción es nuestra).

Entonces ¿cuál es ese replanteamiento en el uso, valorización y gestión del agua que promueven hoy los organismos y las élites globales? En relación con la primera dimensión,  se trata de modificar hábitos y costumbres para promover, en el mejor de los casos, -o imponer a la población, si la transformación subjetiva falla- un creciente racionamiento en el uso del agua. La segunda dimensión justifica y promueve la valorización monetaria; es decir, la mercantilización del recurso, como parte de la pretendida gestión neoliberal eficiente de la escasez. Y la tercera impulsa el despliegue de una gobernanza público-privada del bien capaz de asegurar el control y monitoreo de las fuentes hídricas conocidas y la búsqueda y apropiación de nuevas fuentes, incluso, haciendo gala del solucionismo tecnológico, con el reprocesamiento de aguas residuales o contaminadas o la desalinización del agua de mar.

Así, lejos de modificar, regular o prohibir las actividades o matriz productiva responsables de la crisis hídrica, el paradigma global avanza decisivamente en su control y apropiación institucional-corporativa impulsado y legitimado por discursos y prácticas que promueven poderosos actores globales. Se trata de actores que conforman el llamado “gobierno mundial del agua”, desde organismos internacionales -en especial el Banco Mundial-, corporaciones multinacionales y fondos de inversión, instituciones académicas y científicas, y una vasta red de las ONG, que desde hace al menos tres décadas tienen un papel importante en la elaboración y difusión a escala global de paradigmas hídricos pro-mercado. Estos se traducen en recomendaciones a los gobiernos (en particular, de los países del Sur global) de políticas públicas que fortalecen el proceso de mercantilización del aguay que atentan contra la vigencia del derecho universal a su acceso como bien público y gratuito.

Un ejemplo reciente de estas políticas es la elaboración y difusión del modelo de “almacenamiento hídrico” hecha por el Banco Mundial (Taddei, 2023). Un esquema que propone enfrentar los problemas derivados de la creciente falta de este bien mediante la construcción y/o el aprovechamiento de infraestructuras artificiales (represas, piletas de almacenamiento, etc.) y/o naturales (lagos, humedales, espejos de agua). De forma no explícita e invocando el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático, se pretende así garantizar el acceso y la disponibilidad de agua para las actividades productivas consideradas estratégicas priorizando los imperativos de grandes empresas privadas (en particular, de las extractivistas que demandan grandes volúmenes) en detrimento del acceso y consumo doméstico de la mayoría de la población.

Un modelo que, contrariamente a lo que enuncia, tiende a profundizar el sobreconsumo hídrico que actualmente distingue al patrón productivo y de especulación financiera del capitalismo neoliberal que reproduce y profundiza las causas de la crisis hídrica y del calentamiento global que retóricamente se postula mitigar. La novedosa presencia en la Argentina de la empresa de agua israelí Mekorot, denunciada en foros internacionales por las reiteradas violaciones a los derechos humanos al impedir el acceso al agua al pueblo palestino, constituye un ejemplo de la promoción de estas  políticas de “almacenamiento hídrico”. En base al acuerdo firmado con el gobierno argentino a comienzos de 2023 y de acuerdos específicos rubricados con distintas provincias (Catamarca, Formosa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz y San Juan), esta empresa apunta a realizar estudios sobre las reservas hídricas de nuestro país e intervenir en la formulación de los planes provinciales; lo que ya ha suscitado la emergencia de movimientos y protestas en el marco de la campaña nacional “Fuera Mekorot” y en defensa de la preservación del agua como bien público de acceso gratuito y universal.

Lo que hemos descripto no deja lugar a dudas de la urgencia de promover una estrategia popular unitaria para enfrentar esta situación crítica. No se trata de una invención individual o de una receta programática, allí está en la nervadura de las resistencias, de las prácticas subalternas y populares desplegadas en las últimas décadas. La articulación de estas prácticas y demandas da cuenta de los puntos centrales de la emergencia hídrica que es urgente promover. Una emergencia que: a) detenga inmediatamente todas los emprendimientos extractivistas y avance en un sistema popular de evaluación de sus impactos socioambientales; b) que incremente las regulaciones y tarifas para los sectores sociales que sobreconsumen el agua o para aquellas actividades socialmente necesarias en base al deterioro socioambiental que conllevan; c) que proteja efectivamente bosques, selvas, humedales y territorios desplegando una política efectiva de reforestación y una reforma urbana que incremente el arbolado y las plazas; d) que detenga la política de apropiación estatal – corporativa de las reservas de agua y su mercantilización asegurando su carácter público y universal; e) que desarrolle sistemas de distribución y acceso al agua para los sectores populares al tiempo que desarrolle la infraestructura en los barrios populares que evite los peores efectos de las lluvias y las inundaciones; f) que despliegue una regulación a nivel nacional al tiempo de bridar creciente participación a las comunidades en la defensa y administración del agua. Solo retomando algunos de los señalamientos que emergen de las luchas y movilizaciones recientes. Es urgente, porque ya no habrá suministro fiable del agua, como lo afirma la Water World Week, si los pueblos no se organizan e imponen un cambio de paradigma. 

Fuentes: Rebelión